Según el artículo 118°, 21. de la Constitución Política, corresponde al Presidente de la República, "Conceder indultos y conmutar
penas".
No señala condición alguna, no exige requisitos ni
propone procedimientos especiales. Sin embargo, debido a que el nuestro no es un Estado
autárquico, esa y todas las atribuciones presidenciales suelen concretarse cumpliendo
previamente determinadas formalidades o procedimientos para evitar metidas de
pata que pudieran ser graves y acaso irremediables y, obvio,
para que no se den visos de dictadura; así, por ejemplo, la potestad de
"administrar la hacienda pública" (que está considerada en el numeral 17. del mismo
artículo constitucional) no le da carta blanca, al mandatario, para hacer lo que le dé la gana
con el dinero del Estado.
Por eso es que para la concesión de indultos, el Ministerio de Justicia
se encarga de conformar una Comisión encargada de efectuar las evaluaciones
correspondientes, y existe un Reglamento en el que se indican requisitos y formalidades. Esto, obviamente, corresponde a una norma inferior a una ley y
también está, digamos, por debajo de la autoridad presidencial; es decir, el
Presidente de la República (siguiendo lo dicho por Duverlí Rodríguez) podría,
porque es su potestad, indultar a quien le dé la gana, haciendo caso omiso a lo
que dice el Reglamento de Gracias Presidenciales. Pero no: hasta ahora, la
realidad demuestra que, al menos en cuanto a formas, la cosa se hace con apego
a ese Reglamento. Y, como sabemos, en ese Reglamento se señalan algunas condiciones de salud que,
es evidente, hasta ahora -respecto del tema de enfermedad terminal-no corresponden al caso de Alberto Fujimori.
Finalmente quiero decir una cosa: Rodríguez
dice en la entrevista que, en efecto, los indultos son de carácter humanitario,
lo cual es cierto (nunca un indulto se da como premio por obra realizada o cosa
parecida; siempre es una concesión medio caritativa por una motivación humana),
pero el mismo juez habla -aunque sin mayor abundamiento- de ciertos requisitos
(menciona "buen comportamiento", por ejemplo).
Repito: si el Presidente mandara al tacho el
Reglamento o, más precisamente, obviara los requisitos allí señalados, podría -sin
incurrir en ilegalidad ni inconstitucionalidad- indultar a Fujimori. Aunque, claro, si el ex dictador, estuviese sufriendo una enfermedad grave que sin ser precisamente terminal se encontrara "en etapa avanzada, progresiva, degenerativa e incurable" (Reglamento dixit), no habría -en mi opinión- ningún impedimento. Empero, lo
que ya se le escuchó decir al Presidente es que no, que no está dispuesto a hacerlo; quizás porque, en verdad, hay algo que tiene más peso que un reglamento, una ley, y que -en este caso- le impediría hacerlo: la Ley 28760, que prohíbe el indulto a condenados por delito de secuestro. Sin embargo, creo que debería entenderse lo siguiente: esta ley mencionada -aunque no lo dice- podría no ser de aplicación para los casos de indulto "por razones humanitarias", sino solo para los casos de indulto común. ¿En que se ampara lo que digo? En aquello que en el Derecho Penal es ineludible: el principio de la duda favorable (indubio pro reo).
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